Publicado el 23/06/2021
Es sabido que estamos ante un contexto de emergencia ambiental y que el punto de no retorno es inminente. Globalmente, se observa una tendencia creciente a introducir instrumentos de precio al carbono con el fin de lograr objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pero sin afectar la estructura de precios relativos. Los instrumentos de precio al carbono son herramientas que buscan asignarles un valor monetario a las emisiones de GEI, partiendo de la noción de que estas son una externalidad negativa, es decir, un costo que un agente impone sobre otro sin que medie una compensación pecuniaria. Dado que las emisiones de GEI no tienen (sin intervención) un valor de mercado, lo que se busca es “ponerle un precio” para que los emisores internalicen los costos de los daños que imponen a la sociedad. El último informe del Banco Mundial “Estado y Tendencias de los precios al carbono 2019” (Banco Mundial, 2019) contabiliza 57 iniciativas de impuestos al carbono implementadas o por implementarse a nivel mundial: 28 esquemas de comercio de emisiones tanto en jurisdicciones nacionales como subnacionales y 29 impuestos al carbono, aplicados fundamentalmente a nivel nacional. En total, estas iniciativas cubren alrededor del 20 % de las emisiones globales de GEI. El informe alerta, no obstante, de que estos esfuerzos son insuficientes, pues la mayor parte de los precios al carbono son significativamente más bajos que los USD 40-80/tCO2 e para 2020 y USD 50-100/tCO2 e para 2030.
En línea con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, Argentina introdujo un impuesto al dióxido de carbono (CO2) en diciembre de 2017. El impuesto se asocia con el contenido de carbono de los combustibles líquidos, carbón mineral y coque de petróleo y se calcula con base en un monto fijo en pesos argentinos para cada producto por unidad de medida: ARS 0.412/litro para naftas, solventes y aguarrás; ARS 0.473/litro para gasoil y kerosene; ARS 0.519/litro para fuel oil; ARS 0.557/kg para coque de petróleo y ARS 0.429/kg de carbón mineral. La ley prevé que estos valores se actualicen trimestralmente con base en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor. En lo que respecta al gas natural, se excluyó del gravamen para el fomento de extracción de gas no convencional (shale gas) en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.
El principal objetivo declarado en materia energética en la Argentina es asegurar el abastecimiento energético. Las políticas se han estructurado entonces en torno a tres ejes principales:
1) Diversificación de la matriz energética, con foco en el aumento de participación de fuentes renovables. El objetivo es que para el 2025 el 20% de la energía consumida provenga de renovables. En este sentido es que desde el 2016 se lleva a cabo el programa RenovAr con un aproximado de 147 proyectos adjudicados a energía eólica, solar, biogás, biomasa y bio-hidro.
2) Promoción de la eficiencia energética, incluyendo un sinceramiento de tarifas vía eliminación de subsidios. Esto es controversial, ya que en 2016 se inició un plan progresivo de eliminación de subsidios para que representen el 0.9% del PBI, lo cual condujo a aumentos del 1000% en algunas tarifas.
3) Desarrollo de shale gas en Vaca Muerta. Esto presenta un trade off entre política ambiental y abastecimiento nacional, porque si bien el gas natural es el combustible fósil más limpio en términos comparativos, no deja de ser un combustible fósil.
Pese a que se han actualizado las tarifas, aún existe una brecha entre los precios que paga la demanda y los costos de la energía, que debe cubrirse vía subsidios. Esto se debe a la persistente inflación y al hecho de que los precios mayoristas de la energía están denominados en dólares. Por lo tanto, cada devaluación pone presión adicional sobre los costos energéticos. Si a esto le sumamos las limitaciones estructurales que devienen tanto de materia energética como de transporte, es dificultoso impulsar los cambios en la escala deseada.
Lo cierto es que la discusión acerca de introducir o no un precio al carbono en una economía nacional plantea interrogantes profundos respecto de qué tipo de país se desea construir, colectivamente, en el largo plazo. Los instrumentos de precio al carbono no son herramientas aisladas que pueden implementarse en el vacío y generar automáticamente los incentivos de mercado necesarios para modificar comportamientos y atraer inversión privada compatible con una trayectoria de crecimiento baja en emisiones. Por el contrario, constituyen el último eslabón dentro de una larga cadena de decisiones estratégicas que involucran la generación de consensos y un planeamiento cuidadoso de hacia dónde desea ir un país en materia energética y socioambiental.
Por Abigail Oses